Si no es justo, ¿Por qué lo firmas?
La industria de la construcción en México es un sector de alto riesgo, donde las empresas contratistas enfrentan enormes desafíos para mantenerse a flote. Uno de los principales factores que ponen en jaque su estabilidad es la forma en que están estructurados los contratos de obra, tanto en el ámbito público como en el privado.
A lo largo de más de 35 años en la industria, he visto cómo empresas con gran potencial, e incluso algunas ya consolidadas, han sufrido enormes pérdidas o han desaparecido del mercado debido a contratos que les imponían condiciones desproporcionadas. La manera en que se distribuyen los riesgos en estos acuerdos suele ser profundamente desigual, dejando a los contratistas en una posición de vulnerabilidad extrema.
En México, los contratos de construcción más comunes son los de “precio alzado y tiempo determinado”, “precios unitarios y tiempo determinado” y “por administración”. Sin embargo, sin importar el tipo, es frecuente que se estructuren de tal forma que los riesgos recaen casi por completo en el contratista. Se limitan o eliminan sus derechos a solicitar pagos adicionales o prórrogas, incluso cuando hay razones justificadas.
Además, las garantías y retenciones económicas agregan una carga adicional, ya que su recuperación suele estar condicionada a la entrega de documentos complicados y tardados de obtener, lo que en la práctica significa que muchas empresas nunca ven de vuelta ese dinero.
Ante este panorama, la pregunta es inevitable: si estos contratos son tan injustos ¿por qué las empresas los firman?
Las respuestas varían. En muchos casos, la desesperación por asegurar proyectos las lleva a aceptar condiciones desventajosas, con la esperanza de que todo salga bien o de que podrán encontrar soluciones sobre la marcha. Otras veces, la falta de flexibilidad por parte de los clientes convierte la negociación en un dilema de “tómalo o déjalo”, dejando a los contratistas sin margen de maniobra.
Pero más allá de las razones inmediatas, creo que el verdadero problema es la falta de confianza entre las partes. Con el tiempo, se ha abierto una brecha profunda entre contratistas y clientes, alimentada por malas experiencias, incumplimientos y abusos.
La desconfianza ha llevado a que los contratos se diseñen bajo una lógica de protección extrema para una de las partes, sin un verdadero balance en la distribución de riesgos. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto?
Una posible solución sería incluir en los contratos mecanismos de arbitraje que permitan resolver controversias de manera más equitativa y expedita. También sería clave fomentar una cultura contractual más justa, donde las empresas tengan voz en la negociación y donde las condiciones reflejen un equilibrio razonable entre los riesgos y las responsabilidades.
Sin embargo, ninguna solución será efectiva si no se trabaja en recuperar el valor más fundamental en cualquier relación de negocios: la confianza. Y eso, lamentablemente, no se logra con una cláusula en un contrato, sino con un cambio profundo en la forma en que se concibe la relación entre clientes y contratistas.
La construcción es un pilar del desarrollo del país. Pero si queremos que siga siendo una industria viable y sostenible, debemos preguntarnos seriamente: si un contrato no es justo, ¿por qué seguimos firmándolo?
