Redes sociales y videojuegos deberán reforzar la seguridad infantil en Chiapas
Entre las medidas obligatorias también figuran la publicación de reglas para clasificar contenidos por edad, la habilitación permanente de botones para denunciar publicaciones y la incorporación de herramientas de supervisión parental.
Las redes sociales, los videojuegos y las tiendas de aplicaciones que utilizan niñas, niños y adolescentes en Chiapas y el resto de México deberán reforzar sus medidas de seguridad para proteger a sus usuarios menores de edad. El Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2026, entró en vigor ese mismo día y establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales.
La disposición contempla que las empresas comprueben la edad de sus usuarios mediante mecanismos confiables, sin depender únicamente de la información que proporcionen al registrarse. También deberán retirar de inmediato las cuentas y los contenidos que promuevan el acoso, el ciberbullying, la violencia sexual, los discursos de odio, el extremismo violento, la pornografía, las autolesiones, el suicidio y los trastornos alimenticios. Las restricciones incluyen materiales que fomenten conductas ilícitas o inciten a la violencia, especialmente en el entorno escolar.
Entre las medidas obligatorias también figuran la publicación de reglas para clasificar contenidos por edad, la habilitación permanente de botones para denunciar publicaciones y la incorporación de herramientas de supervisión parental. Las cuentas nuevas deberán contar, por defecto, con las opciones de privacidad y seguridad más estrictas. Asimismo, las plataformas tendrán que evaluar periódicamente los riesgos de sus sistemas de recomendación y de las interacciones entre usuarios, además de entregar estadísticas a las autoridades sobre los contenidos prohibidos detectados.
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El decreto establece mecanismos de colaboración con las fiscalías y corporaciones policiales. Las empresas deberán disponer de un contacto operativo las 24 horas del día, durante todo el año, conservar por al menos 90 días hábiles las evidencias de los contenidos retirados y notificar de inmediato a las autoridades cuando identifiquen cuentas o publicaciones que amenacen la vida, la seguridad o la privacidad de una persona menor de edad. Estas obligaciones buscan facilitar la atención de posibles riesgos y la preservación de información relevante para las investigaciones.
Las plataformas cuentan con 30 días naturales a partir de la entrada en vigor para documentar e informar las acciones realizadas para cumplir con las nuevas disposiciones. Aunque el decreto establece obligaciones específicas, no determina sanciones directas para las empresas que las incumplan. El tercer artículo transitorio ordena a la Consejería Jurídica instalar una mesa de trabajo para elaborar propuestas regulatorias adicionales. Con estas medidas, el Gobierno federal busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los espacios digitales que utilizan cotidianamente.
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