Aprueban Registro de Deudores Alimentarios en Chiapas para restringir cargos públicos
La reforma al Código Civil busca garantizar el bienestar de la niñez e impedirá que morosos postulen a candidaturas.
Creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este martes una iniciativa de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil de la entidad.
La modificación crea formalmente el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, un mecanismo orientado a garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.
Esta propuesta, impulsada originalmente por el Poder Judicial del Estado, busca fortalecer la protección del interés superior de la niñez en todo el territorio chiapaneco.
Criterios de inscripción y restricciones administrativas
La legislación establece que será considerada deudora morosa la persona que incumpla con el pago de la pensión durante 60 días continuos o discontinuos.
Quienes resulten inscritos mediante resolución judicial quedarán inhabilitados para ingresar a determinados cargos dentro del servicio público de la entidad.
También podría interesarte:
Asimismo, la constancia de no inscripción será un requisito obligatorio para registrarse como candidato a cualquier cargo de elección popular.
Herramientas jurídicas para la localización de bienes
El nuevo marco legal otorga mayores facultades a las autoridades judiciales para rastrear el patrimonio y bienes inmuebles de las personas incumplidas.
Entre las medidas aprobadas destacan la posibilidad de decretar embargos precautorios para asegurar que los recursos financieros lleguen directamente a los acreedores.
Estas herramientas buscan frenar la evasión de responsabilidades financieras y garantizar el sustento oportuno de niños, niñas y adolescentes en la entidad.
Justificación del Poder Judicial e impacto en la niñez
El magistrado presidente del Poder Judicial estatal, Juan Carlos Moreno Guillén, señaló que el incumplimiento alimentario vulnera directamente la salud y educación infantil.
Explicó que la reforma responde a la necesidad de articular mecanismos eficientes para que quienes aspiren a servir a la ciudadanía demuestren responsabilidad familiar.
Con esta armonización de los ordenamientos locales con las leyes federales, el Estado asume la obligación de velar por el desarrollo integral de la juventud.
Más de Alonzo Fernández
