Transportistas del municipio fronterizo de Cacahoatán solicitan el apoyo de las autoridades de la FGE, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, para que hagan una investigación sobre presuntos actos de extorsión que están sufriendo.
Los quejosos pidieron la omisión de sus nombres por temor a las represalias de los grupos del crimen organizado que los mantienen en jaque desde hace varios meses, al no dejarlos trabajar en paz si no pagan el “derecho de piso”.
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Los transportistas añadieron que ya han sufrido daños en varias de sus unidades, las que han quemado para obligarlos a pagar una cuota semanal, al grado que hace algunos meses hicieron un paro y bloqueo en la carretera Tapachula-Cacahoatán, con lo que lograron que las autoridades realizaran varios operativos de vigilancia y ahuyentaron a las supuestas bandas delictivas, que desde hace unas semanas han vuelto a presionarlos con amenazas a quien no pague la cuota, mencionaron los denunciantes.
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