Empresarios alertan sobre riesgos y falta de certeza jurídica en la nueva Ley Aduanera
Organismos del sector privado advierten que las reformas podrían incrementar la burocracia, los costos operativos y afectar la competitividad del comercio exterior mexicano.
Organismos empresariales de México advirtieron que la nueva Ley Aduanera, aunque busca transparencia y control, podría aumentar los costos y la burocracia, afectando la competitividad y certeza jurídica de las empresas del país.
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Diversos organismos empresariales, como la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga), la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido y la Cámara Nacional del Hierro y del Acero, expresaron su preocupación por las recientes modificaciones a la Ley Aduanera.
A pesar de que reconocen la necesidad de combatir malas prácticas, consideran que los cambios son insuficientes para brindar certeza jurídica y fomentar la atracción de inversiones nacionales
El sector privado enfatizó la importancia de garantizar reglas claras que permitan fortalecer la producción nacional, mantener los empleos y evitar la corrupción dentro del sistema aduanero. “Se requiere una ley que dé certidumbre y no frene las operaciones logísticas o los tiempos de despacho”, señalaron en conferencias y comunicados.
Amacarga advirtió que las reformas incrementan las responsabilidades de los agentes aduanales al hacerlos solidarios del pago de contribuciones y la correcta determinación fiscal, lo que podría elevar costos operativos y tiempos de despacho, afectando la eficiencia del comercio exterior.
La digitalización y modernización de procesos aduaneros podrían resultar complejas y costosas, especialmente para pequeñas y medianas empresas, alertó la asociación. También advirtió que la excesiva burocracia y los nuevos requisitos podrían provocar demoras y reducir la competitividad.
Los empresarios coincidieron en que la propuesta debe contemplar plazos más ágiles para evitar sobrecostos logísticos que actualmente impactan el precio final de los productos en México. “Una ley eficiente debe equilibrar control, transparencia y fluidez en las operaciones”, concluyeron.
