AMLO dice que fue legal la detención de Uriel Carmona, el fiscal de Morelos
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, es legal debido a su presunta responsabilidad en delitos contra la procuración y administración de justicia.
“La detención del fiscal fue legal porque el fuero lo protegía de delitos de orden federal, eso es lo que resuelve la Suprema Corte, pero este es un delito del fuero común. Él estuvo involucrado en el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México y por eso interviene la fiscalía de la ciudad”, declaró el presidente.
El pasado viernes, las autoridades de la Ciudad de México detuvieron al fiscal de Morelos acusado de malas prácticas y omisiones en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda.
“En seguimiento a las investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Ciudad de México, los detectives cumplieron una orden de aprehensión contra el funcionario por retardo de la justicia en el caso de la investigación por el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, cuyo cuerpo fue localizado en esa entidad el año pasado”, informó la Fiscalía de la Ciudad de México.
El presidente López Obrador había denunciado en repetidas ocasiones que el fiscal estaba protegido por el Poder Judicial.
Después de la detención de Carmona, el presidente expresó su confianza en que se haga justicia.
“Nosotros queremos que haya justicia porque había mucho interés en proteger al fiscal por parte de políticos, personalidades e integrantes del Poder Judicial”, comentó.
El presidente detalló que miembros del Poder Judicial habían utilizado un expediente para determinar que el fiscal no podía ser detenido debido a que gozaba de fuero constitucional en el Congreso de Morelos.
López Obrador aclaró que no conoce personalmente al fiscal, sin embargo, abogó por no permitir ningún tipo de impunidad.
“No es aceptable que haya fueros ni privilegios, no es posible que siga prevaleciendo la corrupción y la impunidad. No debe haber situaciones en las que alguien se sienta protegido por sus conexiones con ministros o abogados influyentes en la Corte, mientras se castiga solo a quienes no tienen los medios para comprar la inocencia”, enfatizó.
