Un Tribunal Federal en los Estados Unidos ha otorgado un plazo de nueve días al gobernador de Texas, Greg Abbott, para que retire las boyas que instaló en el río Grande en julio con el propósito de evitar el paso de migrantes desde México. El tribunal, con sede en Austin, la capital del estado sureño, respalda los argumentos presentados por el gobierno del presidente Joe Biden, que había pedido la suspensión de la instalación de esta barrera.
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El gobernador Abbott, que es miembro del partido republicano, anunció de inmediato su intención de apelar esta decisión.
El río Bravo, que sirve como frontera natural entre Estados Unidos y México, es el lugar donde se han colocado las boyas, las cuales están diseñadas para girar si alguien intenta agarrarse de ellas y cuentan con discos metálicos dentados a cada lado.
El tribunal ha prohibido a las autoridades estatales y a cualquier entidad vinculada con ellas “construir o añadir boyas, barreras o estructuras de cualquier tipo en el río Grande” hasta que un tribunal superior tome una decisión definitiva sobre el asunto. Además, se ha ordenado “reubicar todos los elementos existentes que componen esta barrera flotante en la orilla del río Grande del lado de Texas antes del 15 de septiembre”.
El juez justifica su decisión aludiendo a los “daños causados por la barrera flotante”, que ha generado “tensiones significativas en las relaciones entre Estados Unidos y México”, además de “amenazas a la vida humana y obstrucciones a la navegación segura y libre”.
La Corte considera “probable” que una sentencia definitiva favorezca al gobierno federal de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Washington ha señalado que estas boyas plantean un problema humanitario y diplomático, ya que contradicen los tratados fronterizos acordados con México. La fiscal federal Vanita Gupta expresó su satisfacción por la decisión del tribunal y afirmó que la barrera representa un peligro para las relaciones diplomáticas, la seguridad pública, la navegación y las operaciones de los agentes federales en el río Grande y sus alrededores.
Durante varios años, gobernadores y legisladores republicanos, incluyendo a Abbott, han denunciado la llegada de inmigrantes ilegales calificándola como una “invasión”. Sin embargo, la administración Biden argumenta que el número de cruces ilegales ha disminuido significativamente desde la implementación de nuevas normas para solicitar el derecho de asilo.
