FNLS exige justicia por los hechos del 20 de febrero
Aseguraron usaron gases lacrimógenos, armas de fuego y vehículos blindados para desalojarlos
Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunciaron el desalojo violento del que fueron objeto el pasado 20 de febrero en la comunidad de Río Florido, municipio de Ocosingo, y exigieron justicia, el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, al considerar que se trató de un operativo represivo con uso excesivo de la fuerza.
Durante el foro “Víctimas de la represión y la violencia institucional”, realizado este fin de semana en Ocosingo, el FNLS agregó que sus integrantes realizaban una actividad política de denuncia y protesta sobre el tramo carretero Cuxuljá–Oxchuc, cuando fueron desalojados por policías municipales, estatales y elementos de fuerzas especiales, quienes, afirmaron, utilizaron gases lacrimógenos, armas de fuego y vehículos blindados, lo que puso en riesgo a habitantes de la comunidad, incluidos niños, mujeres y personas adultas mayores.
De acuerdo con la versión del FNLS, durante el operativo se registraron disparos de arma de fuego, así como el sobrevuelo de un helicóptero, lo que generó pánico entre la población.
La organización calificó estos hechos como un desalojo violento y denunció que se violentó el derecho a la libre manifestación y a la protesta social.
Tras los hechos, de acuerdo con lo señalado, 10 personas fueron detenidas, asegurando que se tratan de campesinos y trabajadores de comunidades cercanas, negando que se tratara de un acto delictivo, como ha sido señalado por las autoridades estatales.
Ante este escenario, exigieron justicia para las víctimas del operativo, la liberación de las personas detenidas, el cese del hostigamiento policiaco y una investigación imparcial que permita deslindar responsabilidades por el uso de la fuerza durante el desalojo del 20 de febrero.
Asimismo, la organización reiteró que no permitirá que estos hechos queden en la impunidad y advirtió que continuará con acciones de denuncia pública hasta que se garantice el respeto a los derechos humanos y a la organización popular.
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