La violencia feminicida en Chiapas continúa en ascenso y evidencia fallas estructurales del Estado para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pese a la existencia de la Alerta de Violencia de Género y de un marco legal que obliga a prevenir, sancionar y erradicar estos crímenes, así lo dio a conocer Selene Domínguez, fundadora de la Red de Familias Víctimas de Feminicidios en Chiapas de mira a conmemorarse el Día de la Mujer, este 8 de marzo.
De acuerdo con datos oficiales y recuentos de colectivos feministas, Chiapas cerró el año 2025 32 feminicidios. Aunque organizaciones civiles y medios especializados como la fundación Karla Velasco, advierten podría haber subregistros derivados de una inadecuada clasificación de homicidios de mujeres.
La tendencia no solo se mantiene, sino que ha agravado durante este 2026 y es que en lo que va del presente año, ya se han contabilizado 8 feminicidios de acuerdo con la colectiva 50+1, cifra que supera el mismo periodo de 2025.
Selene Domínguez, agregó que Chiapas cuenta con siete municipios bajo Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, declaratoria vigente desde 2016; Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal De las Casas, Tapachula, Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, Tonalá y Villaflores, sin embargo, consideró es urgente ampliar esta declaratoria a todo el estado.
Comentó que es lamentable ver como los asesinatos de mujeres continúan ocurriendo incluso en estas demarcaciones, lo que ha llevado a organizaciones civiles a señalar que la alerta se ha convertido en un mecanismo administrativo sin impacto real en la prevención.
“Es 8 de marzo y muchos ayuntamientos se ponen a dar clases de zumba o cursos de maquillaje o de uñas, imagínate”, señaló.
Asimismo, consideró urgente que el estado implemente estrategias protección reales para las mujeres, tales como medidas de protección inmediatas en caso de violencia, ya que numerosos casos de feminicidio han ocurrido después de denuncias previas por violencia, sin que se activaran medidas eficaces y oportunas.
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Además de implementar los protocolos e investigación con perspectiva de género, ya que la Suprema Corte y la normativa nacional establecen que toda muerte violenta de una mujer debe de investigarse inicialmente como feminicidio.
Asimismo, diferentes colectivas como Madres en Resistencia y Madres Buscadoras han denunciado que, en muchos casos, las autoridades actúan con impunidad y lentitud judicial, ya que aunque existen carpetas de investigación, pocas concluyen en sentencias condenatorias, lo que envía un mensaje de tolerancia institucional hacia la violencia feminicida y perpetúa el ciclo de agresiones.
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