Organizaciones europeas documentan crisis de derechos humanos en Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– Integrantes de una comitiva europea concluyeron una gira de trabajo en México y Chiapas, donde documentaron riesgos, agresiones y fallas estructurales en materia de derechos humanos, desplazamiento forzado y política migratoria. La visita fue coordinada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), con sede en San Cristóbal de las Casas.
Durante la rueda de prensa, la eurodiputada Diana Riba i Giner, integrante del Parlamento Europeo, señaló que México y la Unión Europea comparten retos como la militarización de fronteras, estigmatización contra migrantes, criminalización de defensores y debilitamiento institucional. Advirtió que la revisión del Acuerdo Global México–UE carece de mecanismos vinculantes en materia de derechos humanos.
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La diputada europea informó reuniones con el Senado y la Cámara de Diputados, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración. En Chiapas, la delegación constató riesgos graves para personas migrantes y un incremento del desplazamiento forzado interno.
Por su parte, Diana Damián, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, alertó sobre agresiones con componente de género contra defensoras, en particular madres buscadoras. Indicó que en los últimos 33 meses fueron asesinadas 18 defensoras en México, la mitad de ellas dedicadas a búsquedas de desaparecidos.
Desde Tapachula, Mavi Cruz, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, denunció una política migratoria basada en contención y militarización. Señaló que los retrasos prolongados en procedimientos de asilo dejan a solicitantes sin acceso a derechos básicos, exponiéndolos a redes criminales. Llamó a fortalecer la Comar y atender a niñas, niños y adolescentes en movilidad.
En su intervención, Raúl Vera López, presidente del Frayba, afirmó que en Chiapas prevalece violencia estructural y territorial controlada por grupos criminales en la frontera sur. Documentaron más de 16 mil casos de desplazamiento forzado, así como despojo, agresiones a defensores y presencia militar en zonas de autonomía zapatista.
Cuestionó la narrativa oficial de paz en el estado y sostuvo que existe una “estrategia de control entre gobierno y estructuras criminales”. Además, calificó la desaparición forzada en México como una práctica sistemática y generalizada, sostenida por omisiones e impunidad estatal.
Las organizaciones europeas anunciaron que llevarán las denuncias a foros internacionales para exigir cooperación y responsabilidades.
