A casi 10 meses de la detención de dos de sus dirigentes, integrantes del Frente Campesino Popular de Chiapas instalaron un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno para exigir la intervención del gobernador y la liberación de Santiago Calvo López y Nancy Calvo López.
Romeo Farrera Vicente, representante general del Frente Campesino Popular, señaló que ambos líderes de vendedores ambulantes de Comitán fueron detenidos el 30 de enero y el 14 de febrero de 2025, respectivamente, en lo que calificaron como delitos de carácter político.
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“Hoy venimos a instalarnos en un plantón indefinido por la libertad de nuestros compañeros. Consideramos que su detención tiene un trasfondo político. En su momento solicitamos medidas cautelares porque ya se veía venir la conflictividad en Comitán”, expresó.
Recordó que el 18 de julio de 2018 ocurrió un violento desalojo que dejó como saldo cinco personas fallecidas y 43 heridos por arma de fuego, entre ellos integrantes de su organización.
Farrera explicó que durante una mesa de trabajo celebrada en febrero de este año, se acordó revisar la situación legal de ambos dirigentes, pero hasta ahora no se han obtenido resultados.
“Ellos están pagando por un delito del que ni siquiera se les ha comprobado culpabilidad, y ya van para 10 meses detenidos”, dijo.
La agrupación está conformada por representantes de diversos municipios como Suchiapa, Comitán y Las Margaritas, quienes permanecerán en plantón ante la posibilidad de que sus compañeros “sean sentenciados sin motivo real”.
De acuerdo con el representante, los líderes están acusados de atentado contra la paz de la colectividad y del Estado, cargos que —aseguró— no corresponden a la naturaleza de la organización.
También denunciaron que ambos han presentado complicaciones de salud sin recibir la atención médica adecuada.
Sobre el conflicto con comerciantes, Farrera recordó que en 2018 se firmó un acuerdo con el entonces Ayuntamiento de Comitán y con la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado para expropiar un predio destinado a la reubicación de entre 500 y 700 vendedores ambulantes; sin embargo, dicho compromiso no se cumplió.
“El documento está firmado. Reconocemos ese acuerdo, pero nunca se concretó”, añadió.
Finalmente, exigieron la intervención directa del gobernador:
“En 2020 le pedimos medidas cautelares; hoy le pedimos justicia y libertad para nuestros compañeros. Creemos que sería lo justo”.
Tras la instalación del plantón en Palacio de Gobierno, los manifestantes también se movilizaron al Congreso del Estado para reiterar su demanda.
