Familias desplazadas de Chenalhó exigen reubicación digna y definitiva en San Cristóbal
A nueve años y cinco meses de haber sido víctimas de desplazamiento forzado, 14 familias originarias del Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, exigieron al gobierno del estado una reubicación digna, segura y definitiva, tras años de vivir en condiciones precarias en un campamento provisional de San Cristóbal de Las Casas.
En conferencia de prensa, en Tuxtla Gutiérrez, frente a las puertas del Palacio de Gobierno, Araceli Cruz López, representante del grupo de desplazados, leyó un comunicado en el que manifestaron su preocupación por la falta de resultados sólidos en la atención a su caso, a pesar de las reiteradas gestiones ante autoridades estatales y organismos de derechos humanos.
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Recordaron que su desplazamiento ocurrió el 26 de mayo de 2016, a raíz de hechos violentos en los que fue asesinada Guadalupe Cruz Hernández, familiar de las víctimas, lo que los obligó a abandonar sus viviendas y tierras en Chenalhó.
Desde entonces, permanecen en un campamento en San Cristóbal, donde aseguran haber encontrado condiciones básicas como acceso a electricidad, agua potable, drenaje, educación y atención médica.
Las familias explicaron que solicitaron formalmente al Lic. Jorge Humberto Molina Gómez, coordinador de Asesores de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, que el lugar donde actualmente habitan sea asignado como su espacio de reubicación definitiva.
Sin embargo, denunciaron que el funcionario les ha informado que no hay respuesta por parte de la Dirección de Patrimonio del Estado, argumentando que el terreno no tiene el mismo valor económico que los que poseían en su comunidad, y que “no se quiere romper con su cultura y cosmovisión indígena”.
Ante esto, las víctimas rechazaron lo que consideraron una postura discriminatoria, ya que —afirmaron— fueron desplazadas por la fuerza por un grupo armado que nunca fue desarticulado.
“No abandonamos nuestras tierras por voluntad propia. Decir que no quieren romper con nuestra cultura es una expresión discriminatoria, porque implica que, por ser indígenas, no tenemos derecho a vivir en una ciudad, aún siendo víctimas de desplazamiento forzado”, expresaron.
Las familias exigieron al gobierno del estado que asigne a un funcionario con capacidad y voluntad operativa para atender directamente su proceso de reubicación, y que se instale una mesa interinstitucional para dar seguimiento a su caso.
También informaron que han retomado comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de solicitar su intervención y acompañamiento.
Recordaron que cuentan con la medida cautelar 361-2017, otorgada desde ese año por la CIDH, así como con la recomendación 90/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ambas aún vigentes.
Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad civil, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y medios de comunicación a mantener su acompañamiento y visibilizar la situación que viven.
“Queremos dejar de sufrir, reconstruir nuestras vidas y vivir con dignidad y seguridad. Ya no más discriminación ni olvido hacia las víctimas del desplazamiento forzado en Chiapas”, concluyeron.
