Marco legal, no frena la violencia contra mujeres
A casi una década de la alerta de género, Chiapas acumula más de mil 700 muertes violentas de mujeres; Colectivas advierten que la brecha entre el marco legal y su aplicación mantiene a las mujeres en riesgo
En Chiapas existe un marco legal que debería garantizar la protección de las mujeres, pero la violencia contra ellas no solo continúa, sino que se agrava. Organizaciones feministas y activistas coinciden en que las leyes no bastan si no se aplican con firmeza, si no se sanciona con justicia a los agresores y si las instituciones encargadas de investigar y juzgar no actúan con perspectiva de género y cero tolerancia a la impunidad.
El estado dispone de instrumentos como la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia; la Ley Ingrid, contra la difusión de imágenes de víctimas; la Ley Vicaria, que sanciona el uso de los hijos como forma de violencia, y la Ley Monzón, que priva de la patria potestad a los responsables de feminicidio. También existen leyes electorales que buscan garantizar la paridad y frenar la violencia política hacia las candidatas, aunque en la práctica muchas siguen siendo atacadas aun estando en funciones.
El propósito de todas estas normas es asegurar la igualdad y la no discriminación, conforme a la Constitución mexicana y a tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, la brecha entre lo legal y lo real sigue siendo profunda.
Desde 2016, cuando se decretó la alerta de violencia de género, Chiapas ha registrado cerca de mil 700 muertes violentas de mujeres. Municipios como Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Tapachula, Tonalá, Tuxtla y Villaflores, incluidos en la alerta, mantienen altos índices de feminicidio y violencia machista.
Para Alma Rosa Cariño Pozo, presidenta del Capítulo Chiapas de 50+1, los resultados no se ven. “No queremos más discursos, queremos acciones que nos permitan vivir sin miedo. El desafío del Estado es prevenir, sancionar y reeducar, visibilizando todas las formas de violencia, incluso las normalizadas, como los matrimonios forzados”, señaló.
Abogada y exfiscal, Cariño Pozo advierte que la indiferencia social y la falta de empatía perpetúan la violencia. “No se trata solo de castigar, sino de actuar desde la primera agresión. Cada omisión nos acerca al feminicidio”, enfatizó.
El violentómetro del IPN muestra cómo la violencia escala desde burlas o control emocional hasta las amenazas y asesinatos. Denunciar a tiempo es crucial, pero también lo es contar con instituciones preparadas y sensibles.
La activista Luz María Castillo Moreno, defensora de mujeres con discapacidad, lamenta la exclusión. “No estamos contempladas en la Ley de Acceso ni representadas políticamente. Las sanciones no reparan el daño y muchas resoluciones se anulan. No faltan leyes, falta aplicarlas”, denuncia.
En junio, el Congreso local aumentó a 100 años la pena por feminicidio, aunque ninguna sentencia la ha aplicado. “Sin justicia, con enfoque de género, la violencia seguirá repitiéndose”, concluyó Castillo.
