Revocación de sanciones eleva violencia política

De acuerdo con María Magdalena Vila Domínguez, presidenta del IEPC, Chiapas ocupa el tercer lugar nacional en casos de violencia política de género.

Redacción 6 octubre, 2025

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Revocación de sanciones eleva violencia política

En Chiapas, la violencia política de género se ha convertido en una problemática estructural, normalizada por prácticas patriarcales, caciquismos y vacíos legales que permiten que las agresiones queden impunes. Así lo reconoce el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), cuyo trabajo para sancionar estas conductas enfrenta obstáculos constantes por parte del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), instancia que ha revocado la mayoría de las sanciones impuestas.

De acuerdo con María Magdalena Vila Domínguez, presidenta del IEPC, Chiapas ocupa el tercer lugar nacional en casos de violencia política de género, con más de 150 asuntos registrados desde 2020. No obstante, asegura que esta cifra solo representa una fracción de los casos reales, pues muchas mujeres no denuncian por miedo a represalias o por desconfianza en las instituciones.

Regidoras, presidentas y síndicas municipales han acudido al IEPC para denunciar que sus compañeros de cabildo —en su mayoría hombres— les impiden ejercer funciones como la fiscalización, o bien les exigen firmar documentos que no conocen, vinculados a cuentas públicas. A pesar de que el IEPC ha impuesto sanciones económicas, como una que alcanzó los 400 mil pesos, ninguna ha sido ratificada por el TEECH, lo que deja a las víctimas sin reparación ni justicia.

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Casos como el de Martha López Sántiz, indígena tseltal de San Juan Cancuc, que fue impedida de asumir la sindicatura en 2018 a pesar de fallos a su favor del TEPJF, revelan un patrón: los caciques locales desobedecen la ley, y las instituciones no logran ejecutar las sentencias. Lo mismo ocurre con las actuales alcaldesas de Aldama y Amatenango del Valle, quienes fueron desplazadas del cargo por sus esposos, sin que haya consecuencias.

También se han documentado renuncias forzadas, como la de Anette Aylín Velázquez Zunún, presidenta de Bella Vista, quien abandonó su cargo en julio de 2025 por presiones. En su lugar fue nombrado un hombre, el primer regidor. En Mitontic, Chanal y Simojovel, durante los periodos 2018-2021, varias mujeres fueron electas como presidentas municipales, pero sus esposos ejercieron el poder, incluso siendo ellos quienes encabezaban ceremonias oficiales.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana, expresidenta interina y exsíndica, también fue víctima de violencia política. Su caso fue documentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero no derivó en sanciones duraderas.

Vila Domínguez explicó que el artículo 308 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales impide sancionar a servidores públicos desde el IEPC, por lo que han solicitado al Congreso del Estado que intervenga. Sin embargo, no se ha aplicado una sola sanción desde esa vía. El 99 % de las denuncias se presentan contra presidentes municipales, pero sin resultados contundentes.

En el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género (RNPSVPG), más de 40 personas han sido inscritas por casos en Chiapas. Sin embargo, el TEECH ha revocado la mayoría de los registros. Las sanciones, que van de un día a seis años de inhabilitación, son consideradas insuficientes. Solo en Emiliano Zapata y Teopisca existen casos de reincidencia con sanción máxima.

“Necesitamos más herramientas para sancionar, y que el TEECH actúe con perspectiva de género”, afirmó la consejera presidenta. Para el IEPC, sin una reforma legal que fortalezca sus capacidades sancionadoras y sin voluntad política por parte del tribunal electoral estatal, será imposible frenar la impunidad. La violencia política no solo persiste: se institucionaliza con cada resolución que favorece a los agresores.

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