Familias tsotsiles exigen justicia
Se cumplen tres años de que 68 familias indígenas del sector San Mata del municipio de San Pedro Chenalhó tuvieron que dejar sus hogares por problemas de inseguridad
A tres años del conflicto armado que obligó al desplazamiento forzado de 68 familias indígenas tsotsiles del sector Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó, las víctimas siguen sin respuestas del Estado.
Este 29 de septiembre, las familias refugiadas en la comunidad zapatista de San Pedro Polhó realizaron una manifestación en la plaza catedral de San Cristóbal para recordar a sus desaparecidos, exigir justicia y reiterar su derecho al retorno digno y seguro.
El enfrentamiento ocurrido en septiembre de 2022 provocó la quema de viviendas, el saqueo de pertenencias, y la desaparición de cinco personas: Juan Luis Ruiz, Magdalena Velasco Pérez, José Miguel Ruiz Velasco, David Ruiz Velasco y Amalia Ruiz Velasco. Desde entonces, las víctimas han presentado denuncias ante la Fiscalía de Justicia Indígena, pero denuncian que no existen avances en las investigaciones ni voluntad política para resolver el conflicto.
“Quemaron nuestras casas, robaron nuestros animales y vehículos, y nos obligaron a huir. Llevamos tres años viviendo en condiciones precarias, con frío, hambre y miedo, mientras los responsables caminan libres”, denunciaron integrantes del grupo desplazado durante la protesta pacífica.
Las personas desplazadas permanecen refugiadas en una bodega habilitada como albergue en Polhó, donde sobreviven sin condiciones dignas ni acceso suficiente a alimentación, salud o educación para sus hijos. Las demandas centrales son: la presentación con vida de las cinco personas desaparecidas, el resarcimiento de daños materiales y psicológicos, y la detención de los responsables del conflicto armado.
“Exigimos que la Fiscalía actúe y que el gobierno nos convoque a un diálogo verdadero. Queremos regresar a nuestras casas, pero con garantías de seguridad. No pedimos limosnas, pedimos justicia”, expresaron durante su intervención.
El caso de Santa Marta se suma a una creciente crisis humanitaria en los Altos de Chiapas, donde comunidades indígenas enfrentan desplazamientos forzados por conflictos agrarios, políticos y de grupos armados. Diversas organizaciones de derechos humanos han señalado que la inacción del Estado ha agravado la vulnerabilidad de las poblaciones indígenas, quienes son revictimizadas por la indiferencia institucional.
Mientras tanto, los desplazados de Santa Marta cumplen tres años lejos de su tierra, de sus costumbres y de sus medios de vida, esperando una respuesta concreta por parte de las autoridades estatales y federales.
