Congreso de Chiapas aprueba la Ley Ingrid en su Código Penal
La reforma busca sancionar la difusión de imágenes e información que revictimicen a víctimas de violencia
El Congreso de Chiapas aprobó la incorporación de la Ley Ingrid a su Código Penal, con sanciones de hasta ocho años de cárcel para servidores públicos que difundan información o imágenes que revictimicen a víctimas de violencia.
El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este miércoles la incorporación de la Ley Ingrid a su Código Penal, con el objetivo de sancionar a servidores y funcionarios públicos que difundan imágenes, audios o información relacionada con hechos delictivos que vulneren la dignidad de las víctimas.
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Durante una sesión extraordinaria, los legisladores locales avalaron la adición del artículo 424 Bis, que contempla penas de dos a seis años de prisión para quienes cometan este delito, y de hasta ocho años en caso de agravantes. La medida está dirigida principalmente a los primeros respondientes, como policías y ministeriales, quienes suelen tener acceso directo a las escenas del crimen.
Origen de la Ley Ingrid
La iniciativa surge tras el feminicidio de Ingrid Escamilla en 2020 en Ciudad de México, un caso que causó indignación nacional no solo por la violencia del hecho, sino porque imágenes del cuerpo de la joven fueron difundidas por funcionarios públicos, revictimizándola y exponiendo a su familia a mayor sufrimiento.
Postura de los legisladores
Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, subrayó que “desafortunadamente quienes comparten las imágenes en Chiapas han sido servidores públicos”. Por su parte, la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, del Partido del Trabajo, enfatizó que el dolor de las familias no debe convertirse en contenido viral: “La sangre de una víctima no debe ser usada como titular sensacionalista. Su dignidad, incluso en la muerte, nos obliga a elevarnos como sociedad”.
Con esta decisión, Chiapas se une a otros estados que han adoptado la Ley Ingrid para garantizar un acceso a la justicia con perspectiva de derechos humanos y evitar la exposición mediática de la violencia.
