En la comunidad Predio Santiago, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una mujer de la tercera edad enfrentó una serie de situaciones al ser detenida y despojada de su vivienda bajo la acusación de ser bruja.
Según el relato de la mujer en cuestión, el 29 de enero de este año llevó a cabo una ceremonia religiosa en honor a San Judas Tadeo mediante la recitación de rezos y actos religiosos.
Este evento desató la molestia del consejo comunitario que supervisa la comunidad, quienes desde entonces la han acosado constantemente y le han exigido que entregue sus propiedades como forma de “compensación” por lo que consideraron una mala acción.
La situación alcanzó su punto más crítico el 26 de agosto, cuando un grupo de sujetos ingresó por la fuerza a su domicilio, agrediendo físicamente a uno de sus hijos en el proceso.
Durante la expulsión, colocaron una nota que contenía una amenaza dirigida a la mujer:
“Señora Rosa Pérez López, ya no tienes derecho a entrar a esta casa ni quitar la lámina. Comisariado y agente.”
La mujer acusada de brujería fue detenida y se le impuso una multa de 15 mil pesos para recuperar su libertad.
Dado que se comunica en su dialecto, requirió asistencia para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía de Justicia Indígena.
Su objetivo al hacerlo fue lograr una investigación adecuada de los hechos y poder regresar a su hogar lo más pronto posible.
La acusada solicitó la intervención del gobierno de Chiapas para esclarecer este caso y prevenir represalias por parte del comisariado y el agente ejidal, temiendo que no pueda recuperar su vivienda.
Este incidente refleja un dilema más amplio en algunas comunidades indígenas, donde la defensa de las tradiciones y costumbres culturales es importante.
Sin embargo, también subraya la necesidad de revisar y reformar ciertas prácticas, ya que muchas violaciones de los derechos humanos pueden quedar impunes en nombre de estas costumbres.
