Senado declara validez constitucional de reformas en bienestar y vivienda digna
Con votos de la mayoría de los estados, las reformas avanzan para garantizar bienestar y vivienda digna a nivel nacional
El Senado de la República ha declarado la validez constitucional de las reformas a los artículos 4º, 27 y 123 de la Constitución en temas de bienestar y vivienda digna para trabajadores. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, realizó la declaratoria en sesión vespertina y turnó los decretos a la Cámara de Diputados para los siguientes pasos en el proceso legislativo.
Las reformas constitucionales buscan fortalecer el derecho al bienestar y la vivienda digna para trabajadores en todo el país. En el caso de las modificaciones a los artículos 4º y 27, relacionadas con el bienestar, se recibieron votos aprobatorios de 22 entidades federativas, mientras que la reforma en vivienda obtuvo el respaldo de 18 congresos locales.
Para la reforma en materia de bienestar, que modifica los artículos 4º y 27 de la Constitución, el Senado recibió votos favorables de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Con la aprobación de más de la mitad de los congresos estatales, la reforma asegura el reconocimiento de políticas de bienestar que impacten a todos los ciudadanos.
Por otra parte, la reforma que fortalece el derecho a la vivienda digna para trabajadores, reflejada en los artículos 27 y 123, recibió 18 votos aprobatorios. Las entidades que respaldaron esta reforma son Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y Ciudad de México.
Con el respaldo necesario en ambas reformas, el siguiente paso será la discusión y revisión de estos decretos en la Cámara de Diputados para su implementación final, garantizando derechos fundamentales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer las políticas de bienestar social en el país.
