Casi veinte años después de salir de Venezuela por la nacionalización de Hugo Chávez, ExxonMobil firmó el lunes un memorando de entendimiento con el gobierno de Delcy Rodríguez y PDVSA para evaluar su regreso. La escena era impensable: en marzo de 2025, la propia Rodríguez acusaba a la petrolera de conspirar durante más de una década contra la integridad territorial del país.
Conviene leer el documento por lo que es. No es un contrato, no es vinculante y no incluye montos ni plazos. Rodríguez habló de campos en producción y por desarrollar con miles de millones de barriles de reserva. La empresa fue más cauta: cualquier inversión requerirá políticas estables, reglas claras, protecciones sólidas y rentabilidad competitiva. En enero, su director general, Darren Woods, había calificado a Venezuela como un país donde no se podía invertir.
Lo que cambió es el marco. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, Washington ha empujado a sus energéticas a volver, y Caracas reformó su ley de hidrocarburos para abrir el sector a la inversión privada y extranjera. En octubre, Rodríguez dijo que ya había 61 acuerdos firmados bajo las nuevas reglas y otros 44 en negociación. ExxonMobil es la firma más simbólica de esa apertura.
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Quedan tres preguntas. La primera es jurídica: una empresa expropiada exigirá garantías que sobrevivan a cualquier cambio de gobierno, y Venezuela aún no resuelve su transición política. La segunda es regional: ExxonMobil es el gran operador petrolero de Guyana, el país con el que Caracas disputa el Esequibo, y tendría intereses a ambos lados de esa frontera. La tercera se juega en Washington: con un Congreso de mayoría demócrata desde enero, los acuerdos energéticos de la Casa Blanca con Caracas enfrentarán más escrutinio.
El regreso de ExxonMobil sería una señal de confianza. Pero para pasar del papel a los pozos hace falta algo que ningún memorando puede firmar: certidumbre.
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