El internet ha sido clave para el desarrollo de la sociedad en las últimas dos décadas, no solo para el crecimiento económico o para ver qué está haciendo la persona que te gusta, sino también como herramienta para la protesta y la difusión de posturas políticas.
Pero así como puede ser un gran amigo y aliado, también puede convertirse en un punto de quiebre para la sociedad cuando el Estado lo censura.
El pasado 30 de octubre, Tanzania, país en el centro-este de África, fue llamado a las urnas para elegir al Parlamento y al jefe de Estado.
Las elecciones estuvieron marcadas por corrupción y fraudes, inhabilitando a algunos de los principales opositores al régimen y encarcelando a otros. El resultado fue que la presidenta, Samia Suluhu, ganó con más del 98 % de los votos.
Esto provocó protestas y disturbios en la capital, Dodoma, tras conocerse los resultados electorales. Además de la brutalidad policial y las represiones por parte del Estado, se restringió el acceso a internet, lo que intensificó el enojo de la población al verse privada de este derecho humano.
Algo muy similar ocurrió en Nepal, donde, tras las duras críticas a los “nepo babys”, el gobierno bloqueó el acceso a las redes sociales.
En ellas, la ciudadanía simplemente pedía que se investigaran los abusos y actos de corrupción de sus gobernantes.
La prohibición de las redes fue la sentencia de muerte del gobierno de Nepal, que en menos de una semana tuvo que dimitir después de que la generación Z incendiara edificios gubernamentales y persiguiera a ministros por las calles.
En Venezuela se vive una situación similar: cuando las personas salen a protestar, el gobierno de Maduro bloquea redes sociales como X (antes Twitter), YouTube y WhatsApp, creando un cerco informativo con el fin de generar desinformación y descoordinación.
Los Estados que saben que no pueden controlar los medios y las redes optan por censurarlos o bloquearlos definitivamente.
Esto lo hacen para lograr dos cosas. La primera: evitar que las personas se pongan de acuerdo e intercambien ideas. Pero esto rara vez funciona.
Lo vimos en las protestas de Tanzania y Nepal, donde, aunque no había acceso a internet, la gente salió a las calles a manifestarse contra el gobierno.
La segunda es controlar la narrativa y el discurso. Si no hay redes sociales, el Estado es quien controla la información y puede omitirla deliberadamente, o simplemente desestimarla.
El acceso a internet es un derecho humano desde 2011, ya que es una herramienta crucial para el desarrollo político y social de una nación.
Sin este derecho, la sociedad no puede comunicarse ni informarse. Si los Estados creen que, al cortar el internet, pueden controlar las protestas, estos tres ejemplos demuestran lo contrario.
