INE fijará regalas en procesos de corcholatas y oposición 

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevará a cabo la fiscalización de los procesos internos para elegir al coordinador nacional por la Defensa de la Transformación y al constructor del Frente Amplio por México, tratándolos como si fueran precampañas. Además, se ha establecido un límite de gasto de 34 millones de pesos por aspirante.

La sesión para establecer estas reglas comenzará a las 20:00 horas, en cumplimiento de una orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que solicitó emitir las reglas para estos procesos que los partidos iniciaron meses antes de oficialmente iniciar las precampañas para la sucesión presidencial.

El proyecto a discutir plantea que los lineamientos serán prácticamente los mismos que se utilizan durante las precampañas, pero con la excepción de permitir que los servidores públicos participen sin renunciar a sus cargos, aunque este punto aún será objeto de debate en el organismo electoral.

El INE se encargará de certificar los elementos de propaganda colocados en vía pública, como espectaculares, transporte público y pinta de bardas, así como en redes sociales. Las encuestas también serán fiscalizadas, ya sean realizadas por empresas o personas físicas, ya sea por iniciativa propia o por orden de los partidos, se deberá informar a la autoridad.

Se fijará un tope de gastos para los aspirantes, al igual que en las precampañas, y se fiscalizarán las erogaciones en propaganda, presentando informes para verificar si alguno supera el límite permitido.

Se permitirán las aportaciones de los aspirantes y militantes, pero se buscará restringir las contribuciones de partidos, empresas, gobiernos y organismos internacionales para el proselitismo.

Los aspirantes podrán aportar hasta 2.1 millones de pesos; los militantes o simpatizantes tendrán un límite de 537 mil pesos y deberán estar debidamente identificados con recibos.

El período sujeto a fiscalización comenzará con el acuerdo o convocatoria para la celebración del Proceso Político y concluirá con la publicación de los resultados o declaración final.

El tope de gastos para los aspirantes será de 33.4 millones de pesos, y al igual que en las precampañas, deberán presentar un informe de gastos, que será revisado por la Comisión de Fiscalización y discutido en el Consejo General el 15 de diciembre, días antes de que comiencen las precampañas presidenciales.

Los lineamientos advierten que en caso de incurrir en infracciones graves o no presentar su informe, los aspirantes serán sancionados según lo establecido en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que puede ir desde una amonestación hasta la pérdida del derecho al registro como candidato.

En cuanto a la participación de funcionarios en apoyo a algún aspirante, los lineamientos seguirán directrices similares a las de las precampañas, permitiéndoles asistir a actos en días inhábiles o fuera de su horario de trabajo.

De acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión de Quejas y Denuncias, los mítines de los aspirantes no podrán contener mensajes electorales, llamados al voto o manifestaciones que indiquen sus aspiraciones a un cargo, ya que esto podría configurarse como actos anticipados de precampaña y campaña.

Otra de las reglas es que los aspirantes deberán facilitar el acceso a los verificadores del INE para fiscalizar sus actos, con la advertencia de que cualquier obstrucción o incitación a los asistentes para identificarlos será sancionada.