La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es -como resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- la única institución con atribución constitucional para la fiscalización del gasto público federal.
Como órgano técnico de la Cámara de Diputados, su mandato constitucional se centra en revisar la Cuenta Pública para evaluar la gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos gubernamentales, así como el desempeño de los programas públicos.
A partir de 2018, la ASF ha experimentado una evolución por demás significativa, pasando de un enfoque reactivo centrado en la detección de irregularidades a un modelo preventivo que incorpora herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la fiscalización y con ello la gestión pública en general.
Esta transformación ha potenciado su utilidad y eficacia, como lo demuestran indicadores relacionados con las recuperaciones financieras, las recomendaciones generadas y mejora en la gobernanza pública.
La fiscalización superior en México ha mostrado una expansión sostenida tanto en volumen como en alcance
Una vez superada la pandemia del Covid-19 el número de auditorías creció de manera constante, pasando de poco más de 1,600 en 2020 a una proyección de 2,462 en 2025, el nivel histórico más alto registrado, con una tasa media de crecimiento anual de 5 por ciento.
Este incremento ha ido acompañado de una ampliación sin precedentes en el número de entidades fiscalizadas, especialmente en el ámbito subnacional, que pasó de poco más de 200 entidades en 2019 a más de 1,500 previstas para 2025.
En paralelo, la cobertura de la fiscalización sobre el universo total de entidades del Presupuesto de Egresos de la Federación se ha incrementado de manera sistemática, al pasar de 37 por ciento en 2019 a 79 por ciento en 2024, con una proyección de 91 por ciento para 2026, considerando el PAAF 2025. Estos datos reflejan de que pasar el modelo de fiscalización hacia uno preventivo, de mayor cobertura, intensidad y presencia territorial incide de forma estructural en el buen ejercicio del gasto público.
Históricamente, la ASF -al comienzo de su historia institucional- operaba bajo un modelo correctivo, enfocado en auditorías de cumplimiento financiero que identificaban desviaciones post facto. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de 2008 y subsiguientes modificaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en 2016, se impulsó un viraje hacia una auditoría de control preventivo.
Este cambio se materializó en la incorporación de revisiones en tiempo real y mecanismos preventivos para fortalecer el control interno de las entidades fiscalizadas.
Posteriormente, la auditoría avanzó con mayor celeridad -a partir del 2018- en la implementación de una Nueva Auditoría aplicando nuevos modelos de auditoría y la tecnología en todas sus áreas.
Este modelo persiguió como objetivos principales a la prevención como centro de la fiscalización; el incremento del tamaño de la muestra auditable; y la realización de las auditorías en un modelo ampliado para verificar el gasto público de origen federal en gobiernos locales; y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para construir una auditoría más útil y eficaz.
El valor del trabajo de la ASF se evidencia en sus impactos cuantificables.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023, la ASF detectó anomalías por más de 8,000 millones de pesos (mdp) en 746 informes individuales. De estos, en la tercera entrega, se recuperaron más de 940 mdp en favor de la Federación, reflejando una efectividad en la solventación de observaciones. Para la Cuenta Pública 2024, se identificaron irregularidades por 6,969 mdp, con recuperaciones iniciales de 1,146 mdp. Estos datos, disponibles en el Sistema Público de Consulta de Auditorías, muestran una tendencia ascendente en recuperaciones: de 2018 a 2024, la ASF ha promovido acciones eficaces en el proceso de observaciones.
La ASF ha integrado auditorías auxiliadas por tecnologías de la información y comunicaciones en todas sus áreas, a la par de la capacitación permanente del personal en técnicas de auditoría, pues el capital humano es nuestro principal activo. Ello además aprovecha la integración tecnológica como una herramienta al servicio de los auditores de la ASF.
Esta transición hacia un modelo preventivo y tecnológico ha incrementado la relevancia de la ASF en el ecosistema de rendición de cuentas del país.
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