Transportistas denuncian persecución y abuso de autoridad en Las Margaritas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.— Jorge Alberto Cortés Grajales, presidente de la Federación Estatal por la Transformación de Chiapas y delegado estatal del sindicato Irrigación, denunció presuntos actos de persecución, abuso de autoridad y usurpación de funciones por parte de autoridades municipales y de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), principalmente en el municipio de Las Margaritas.
En conferencia de prensa, Cortés Grajales explicó que hace aproximadamente 15 días se realizó un operativo de transporte en Las Margaritas, coordinado por la delegación de Transportes Meseta Comiteca-Tojolabal junto con ayuntamientos de Las Margaritas, Comitán y Maravilla Tenejapa. Señaló que dichas acciones se enfocaron únicamente en unidades tipo urban y volteos que portaban calcomanías de su sindicato, mientras que otras unidades circularon sin restricciones.
El líder sindical rechazó las acusaciones de que su organización se dedique a la venta de calcomanías y aseguró que el sindicato cuenta con registro nacional y presencia en más de 91 municipios del estado. Explicó que las calcas únicamente identifican la razón social de las unidades afiliadas y forman parte del proceso de regularización ante la autoridad estatal.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
Indicó que, tras estas acusaciones, la SMyT cerró las ventanillas de atención a su organización, negándoles la recepción de documentos, números de expediente y audiencias, lo que —afirmó— vulnera los derechos constitucionales de petición y libre expresión. Añadió que actualmente hay cuatro transportistas detenidos y al menos cinco unidades aseguradas en Las Margaritas.
Cortés Grajales denunció además que, pese a haberse firmado una minuta de acuerdos con la Subsecretaría General de Gobierno para evitar nuevos operativos, estos fueron incumplidos días después, registrándose nuevas detenciones. También señaló la presunta participación de policías municipales de otros ayuntamientos en operativos fuera de su jurisdicción, lo cual calificó como ilegal.
Asimismo, acusó presuntos cobros irregulares en efectivo, sin boletas de infracción, situación que consideró grave por la falta de claridad sobre el destino de esos recursos públicos.
Ante este panorama, hizo un llamado al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para que revise el actuar de la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Polito, así como de los funcionarios involucrados, a quienes acusó de responder a intereses políticos y no al marco legal.
Finalmente, aseguró que como organización no recurrirán a bloqueos carreteros, sino a manifestaciones pacíficas, reiterando que su exigencia es el respeto a los acuerdos, a la ley y a los derechos de los transportistas. Advirtió que la inestabilidad social —dijo— no es generada por los líderes sindicales, sino por funcionarios que incurren en prácticas de corrupción.
