Impartición de justicia, desigual para indígenas
La falta de traducción adecuada en procesos legales afecta el debido proceso de personas hablantes de lenguas originarias; solo existen 13 intérpretes certificados en la entidad
En Chiapas, el acceso pleno a la justicia continúa siendo una deuda pendiente para miles de personas hablantes de lenguas indígenas. Datos recabados por organizaciones civiles revelan que 42% de las personas indígenas detenidas no recibió apoyo de un intérprete durante su proceso legal. Incluso entre quienes sí contaron con este servicio, 45% afirmó no haber comprendido la traducción, debido a que intérprete y acusado hablaban variantes distintas de la misma lengua.
El estado concentra casi 30% de la población mayor de tres años que habla alguna de las 12 lenguas indígenas reconocidas, lo que lo posiciona entre los territorios con mayor diversidad lingüística del país. No obstante, el número de especialistas es insuficiente: el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) reporta que en Chiapas solo existen 13 intérpretes certificados en materia de justicia, frente a siete millones de hablantes de lenguas indígenas en México y apenas 850 intérpretes certificados a nivel nacional.
La doctora en Derecho, Annais Elena López Maya, explicó que la falta de intérpretes no solo obedece a la escasez de personal capacitado, sino también a limitaciones institucionales y presupuestales. Detalló que uno de los principales obstáculos en los procesos judiciales es la no disponibilidad inmediata de traductores, ya sea porque no existen en el municipio o porque se requiere trasladar a la persona detenida a otra sede judicial. “Aún falta muchísimo para garantizar que una persona pueda defenderse en su propia lengua”, subrayó.
La especialista indicó que esta problemática no se limita al ámbito penal, sino que se extiende a materias civiles, familiares, agrarias y administrativas, afectando trámites como registro civil, juicios de tierras, servicios médicos y solicitudes de pensión. En el caso de las mujeres indígenas, la ausencia de acompañamiento lingüístico se agrava por condiciones comunitarias restrictivas.
Silencio de autoridades
Especialistas en derechos humanos coinciden en que la desigualdad en el acceso a la justicia limita la capacidad de las mujeres indígenas para denunciar violencia, acceder a servicios de salud o defender su patrimonio. “Tan solo acudir a una consulta médica fuera de su región representa una barrera”, señalaron.
De acuerdo con López Maya, la ausencia de intérpretes se vuelve factor determinante en casos de violencia sexual, despojo territorial y trámites de salud, especialmente cuando los hospitales que brindan servicios especializados se encuentran fuera de las comunidades y no cuentan con personal que hable lenguas originarias. “A la mujer le quieren hacer a un lado y en esas zonas es muy difícil que tengan una defensa”, señaló.
En los últimos años, plataformas digitales y redes comunitarias han permitido visibilizar casos que antes permanecían fuera del registro público. Los testimonios muestran patrones recurrentes: marginación, silenciamiento lingüístico y procesos legales interrumpidos.
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Preocupante
Porcentaje de presos de habla indígena
42%
No obtuvieron la asistencia de un intérprete.
45%
De quienes sí obtuvieron traductor, no lo entendieron.
Solo hay 13 intérpretes certificados en materia de justicia para Chiapas.
Y solo hay 850 en todo el país.
Hay 7 millones de hablantes de lenguas indígenas en México.
Chiapas concentra casi el 30% de personas mayores de tres años que hablan alguna de las 12 lenguas indígenas reconocidas.
