Exigen justicia en Chiapas: denuncian irregularidades en el caso de Yamilet, adolescente víctima de feminicidio
Narraron que el 25 de octubre de 2025 las adolescentes fueron sacadas sin permiso de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez.


En plena conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se hizo pública una denuncia que ha estremecido a la sociedad chiapaneca: el presunto feminicidio de Yamilet, adolescente de 14 años, y las agresiones contra su hermana de 15, así como graves irregularidades en la actuación de autoridades ministeriales.
La abogada Nancy Rodarte y la madre de las menores, María Guadalupe Montoya, narraron que el 25 de octubre de 2025 las adolescentes fueron sacadas sin permiso de su domicilio en Tuxtla Gutiérrez por dos vecinos —Rodrigo “N” y su hermano, menor de edad— con el pretexto de ir a comer, para luego ser trasladadas a Playa del Sol, en Tonalá.
Al no tener noticias de sus hijas, Montoya acudió a la Fiscalía Metropolitana, donde —acusó— le solicitaron esperar 72 horas bajo el argumento de que “probablemente estaban con sus novios”.
El 26 de octubre fue informada de la muerte de Yamilet. La madre sostiene que fue obligada a firmar documentos sin poder leerlos, en los cuales se asentó un supuesto “perdón” y renuncia a reparación del daño, bajo la amenaza de que “no se le entregaría el cuerpo de la menor” si se negaba.
La necropsia habría confirmado que Yamilet presentaba alcohol en su organismo y evidencias de abuso sexual. Su hermana sobreviviente sufrió lesiones físicas, incluyendo mutilación parcial de la oreja, además de daño psicológico severo.
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Pese a ello, la abogada Rodarte señaló que la Fiscalía solo inició carpeta por homicidio culposo y lesiones, dejando fuera delitos como corrupción de menores, sustracción ilícita, abuso sexual y feminicidio. Asimismo denunció que los presuntos agresores fueron liberados apenas dos días después.
“Nos enfrentamos a un sistema que investiga delitos a modo. La justicia ha sido negada para esta familia”, señaló Rodarte.
Montoya, entre lágrimas, expresó:
“Confié en esos muchachos porque eran vecinos. Ahora una hija está muerta y la otra no quiere seguir viviendo por lo que sufrió. ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está la justicia?”
Las denunciantes solicitaron una intervención urgente del gobernador y del fiscal estatal para reabrir adecuadamente la investigación, reclasificar los delitos y brindar atención médica, psicológica y legal integral a la menor sobreviviente.
En un contexto de movilizaciones y llamados a frenar la violencia de género en Chiapas, este caso se convierte en un reclamo urgente de justicia y en un desafío directo a la capacidad institucional para proteger la vida y la dignidad de niñas y adolescentes.





