La administración municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezada por Ángel Torres Culebro, enfrenta de nueva cuenta, una serie de cuestionamientos por parte de integrantes del Cabildo, quienes han denunciado presuntas irregularidades en la contratación de empresas proveedoras y en la asignación de recursos públicos.
Entre las voces más críticas se encuentran los regidores Francisco “Paco” Rojas Toledo y Areli Guadalupe Latournerie Castellanos, quienes desde 2025 han realizado diversas denuncias públicas y legales relacionadas con posibles anomalías en adquisiciones, contratos y prestación de servicios municipales.
De acuerdo con sus señalamientos, algunas empresas beneficiadas por el Ayuntamiento fueron constituidas apenas semanas antes de recibir contratos, situación que consideran sospechosa y que, aseguran, debe ser investigada por las instancias fiscalizadoras correspondientes.
Uno de los casos más señalados corresponde a las empresas Melcon Suministros y Comercializadora La Oriental, contratadas para realizar trabajos relacionados con el lavado de contenedores de basura en la capital chiapaneca.
Los regidores sostienen que dichas compañías fueron dadas de alta entre finales de 2024 e inicios de 2025 y que, en cuestión de días, obtuvieron contratos municipales pese a no contar, con antecedentes, experiencia acreditada o infraestructura suficiente para desarrollar las actividades contratadas.
Los denunciantes afirman que, incluso, realizaron verificaciones físicas en algunos domicilios relacionados con proveedores y encontraron inmuebles particulares que, a su juicio, no corresponden con la capacidad operativa requerida para ejecutar contratos públicos de gran magnitud.
Dichos señalamientos forman parte de las observaciones presentadas ante diversas autoridades y de la exigencia de una revisión exhaustiva del padrón de proveedores municipales.
Al respecto, Paco Rojas señaló que las observaciones realizadas por los regidores no obedecen a diferencias políticas, sino a la obligación de vigilar el correcto uso del presupuesto público.
“Los tuxtlecos merecen saber en qué se está invirtiendo el dinero y cómo se está manejando, por lo que hemos exigido en reiteradas ocasiones la rendición de cuentas”, refirió.
A estas acusaciones se suman observaciones sobre presuntos sobreprecios en adquisiciones realizadas por el Ayuntamiento, pues en febrero de 2025, los regidores dieron a conocer un análisis de compras efectuadas durante los primeros meses de la administración, donde detectaron diferencias significativas entre los precios pagados por el Gobierno Municipal y las cotizaciones obtenidas en el mercado.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
OPERACIONES
Según la información presentada, algunas operaciones habrían generado pagos excedentes por aproximadamente 1.2 millones de pesos en una muestra de contratos revisados.
“Entre las cosas que no nos explicamos es como habiendo empresas tuxtlecas que tienen la capacidad, viene el presidente municipal y contrata otras de otros lugares, cuando la idea es apoyar la economía en la capital chiapaneca”, refirió Areli Latournerie.
Los regidores han insistido en que los casos identificados podrían representar únicamente una parte de las irregularidades existentes y han solicitado la intervención de la Auditoría Superior del Estado, del Congreso local y de la Fiscalía General del Estado para determinar si hubo violaciones a la normatividad en materia de contratación pública.
Por su parte, las denuncias se han convertido en un tema recurrente dentro de las sesiones de Cabildo, donde también se han cuestionado contratos millonarios relacionados con servicios de limpieza y manejo de residuos sólidos en reiteradas ocasiones.
Los ediles sostienen que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se ejercen los recursos públicos y quiénes son los verdaderos beneficiarios de las adjudicaciones realizadas por la autoridad municipal.
Las denuncias de los regidores colocan nuevamente bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en la capital chiapaneca, pues se trata del dinero que les pertenece a los tuxtlecos y que pudo haberse destinado a mejorar servicios públicos, seguridad, infraestructura, bienestar social, entre otros.
Hoy, la exigencia de los ediles continúa siendo clara: que las autoridades investiguen, que los responsables rindan cuentas y que la transparencia deje de ser un discurso en la actual administración de Ángel Torres Culebro.
Más de Redaccion
