Impulsan en Chiapas reforma para impedir que agresores lleguen al poder
Promueven una reforma para impedir que personas sancionadas por violencia política de género accedan a cargos públicos.
• La iniciativa plantea suspender derechos político-electorales y anular elecciones cuando se comprueben agresiones durante el proceso.
• En Chiapas existen antecedentes de al menos 26 personas han sido sancionadas por violencia política contra las mujeres, incluidos exalcaldes.
• La reforma se enmarca en un contexto nacional donde ya existe la llamada “Ley 3 de 3” contra agresores.
En medio de un contexto marcado por denuncias de violencia política contra las mujeres y casos documentados de agresores en el poder, en Chiapas se impulsa una nueva reforma legal que busca cerrar el paso a personas con antecedentes de este tipo para que no puedan ocupar cargos públicos.
La iniciativa, presentada por diputadas locales con el acompañamiento de autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil, propone impedir el registro como candidatos de personas sancionadas por violencia política en razón de género, así como suspender sus derechos político-electorales cuando exista una resolución firme en su contra.
Además, uno de los puntos más relevantes plantea la nulidad de elecciones completas cuando se acredite que durante el proceso se ejerció violencia política contra mujeres, y que tanto el agresor como el partido político involucrado queden impedidos para participar en una eventual elección extraordinaria.
La propuesta no surge en el vacío. De acuerdo con registros oficiales, en Chiapas al menos 26 personas han sido sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género, entre ellas ex presidentes municipales y funcionarios públicos que enfrentaron consecuencias jurídicas por este tipo de conductas.
A nivel estatal, el problema se ha documentado como estructural. Organismos electorales han señalado que la violencia política no sólo se expresa en agresiones físicas, sino también en hostigamiento, exclusión, bloqueo en el ejercicio del cargo e intentos de destitución ilegítima en contra de regidoras, síndicas y presidentas municipales.
Incluso, en años recientes se han registrado sentencias condenatorias contra servidores públicos por este delito, lo que ha derivado en su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, reflejando que no se trata únicamente de denuncias, sino de casos acreditados ante autoridades judiciales.
La reforma que ahora se plantea busca reforzar y hacer efectivo en el ámbito local lo que a nivel federal ya establece la llamada “Ley 3 de 3 contra la violencia”, una modificación constitucional aprobada en 2023 que prohíbe a personas con sentencias por violencia de género, delitos sexuales o incumplimiento de obligaciones alimentarias, competir por cargos públicos o ejercer funciones en el gobierno.
Sin embargo, las legisladoras coincidieron en que, pese a estos avances legales, persisten vacíos en la implementación y en la armonización de leyes locales, lo que ha permitido que personas señaladas o incluso sancionadas continúen participando en la vida política, o que las sanciones no tengan un impacto real inmediato en sus aspiraciones.
En este contexto, la nueva iniciativa en Chiapas busca ir más allá de la norma federal, al establecer mecanismos claros para impedir el acceso al poder y sancionar electoralmente a quienes incurran en violencia política de género durante campañas y procesos electorales.
El debate, sin embargo, va más allá de lo legislativo. Para organizaciones civiles, estas reformas responden a una exigencia acumulada por años, garantizar que los espacios de poder no sean ocupados por personas que han violentado derechos, especialmente en un estado donde las denuncias por violencia política han ido en aumento y donde muchas mujeres continúan enfrentando obstáculos para ejercer plenamente sus cargos.
Así, la discusión en el Congreso de Chiapas no sólo gira en torno a una reforma legal, sino a un cuestionamiento de fondo sobre quiénes deben ocupar el poder público y en qué condiciones.
Porque en un escenario donde ya existen antecedentes documentados de agresores en la política, la exigencia social apunta a que las leyes dejen de ser sólo declarativas y se conviertan en un filtro real para garantizar una representación libre de violencia.
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