Reino Unido analiza prohibir redes sociales a menores de 16 años
El Gobierno del Reino Unido estudia implantar en 2026 una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años.
El Gobierno del Reino Unido estudia implantar en 2026 una prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años, tomando como referencia la decisión adoptada por Australia. La iniciativa también apunta a corregir vacíos legales que actualmente dejan fuera de la regulación a determinados chatbots de inteligencia artificial, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad digital infantil.
La propuesta forma parte de la estrategia del primer ministro Keir Starmer para reforzar la respuesta institucional ante los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en entornos digitales. El mes pasado, el Ejecutivo abrió una consulta pública sobre la restricción de redes sociales a menores de 16 años y prevé impulsar cambios legislativos una vez finalizado el proceso.
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La reforma se articularía mediante una enmienda a la Online Safety Act 2023, considerada una de las normativas más estrictas en materia de protección en línea. Sin embargo, la legislación no contempla de forma explícita las interacciones individuales con chatbots de IA cuando no implican difusión de contenido, lo que ha sido identificado como una laguna relevante.
La ministra de Tecnología, Liz Kendall, adelantó que antes de junio se presentarán propuestas para cerrar ese vacío. El debate se intensificó tras la polémica en torno a Grok, desarrollado por xAI, empresa vinculada a Elon Musk, luego de que el sistema generara imágenes sexualizadas no consentidas.
En paralelo, países como España, Grecia y Eslovenia evalúan medidas similares. El plan británico también contempla órdenes automáticas de conservación de datos tras la muerte de un menor y restricciones al contacto con desconocidos en videojuegos, así como al intercambio de imágenes íntimas entre adolescentes. No obstante, la iniciativa ha generado fricciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, por su posible impacto en la libertad de expresión y la privacidad.
