Con 77 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó una nueva ley que transforma el marco regulatorio de las telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo la desaparición del IFT y la creación de nuevos órganos subordinados al Ejecutivo.
Senado avala profunda reforma en telecomunicaciones y radiodifusión
Este sábado, el Senado de la República aprobó con 77 votos a favor y 30 en contra el dictamen que expide una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La propuesta forma parte de las reformas de simplificación orgánica impulsadas por el Ejecutivo, y busca una reestructura institucional, regulatoria y operativa del sector.
Adiós al IFT, bienvenida la nueva Agencia de Transformación
Uno de los cambios más relevantes es la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que será sustituido por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que se constituirá como una nueva Secretaría de Estado. La ATDT asumirá funciones clave en la formulación de políticas públicas, regulación y supervisión del sector.
Además, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, órgano desconcentrado de la ATDT con independencia técnica, que dictará resoluciones regulatorias y estará integrado por cinco comisionados.
Visiones encontradas en el Pleno
Durante el debate, legisladores de la mayoría destacaron los avances que representa esta ley en términos de inclusión digital, derechos de las audiencias y fomento a medios comunitarios. Afirmaron que se busca garantizar un acceso equitativo a los servicios de comunicación, reconociendo a la radiodifusión y las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general.
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Desde la oposición, sin embargo, se criticó la rapidez con que se discutió el dictamen y la concentración de facultades en el Ejecutivo. Se alertó sobre la posible geolocalización sin orden judicial, el aumento de causales para suspender transmisiones, y el riesgo de censura a contenidos críticos al gobierno.
Fortalecimiento a medios públicos y comunitarios
El nuevo marco legal promueve el desarrollo de medios públicos, comunitarios, indígenas y afromexicanos con mayores garantías de viabilidad financiera y regulatoria. Se elimina la posibilidad de bloqueo a plataformas digitales y se restringe la propaganda extranjera, permitiendo únicamente contenidos culturales, deportivos o turísticos.
También se refuerzan los derechos de las audiencias, se obliga a los concesionarios a contar con defensores de sus usuarios y se incluyen lineamientos para evitar la discriminación a personas con discapacidad.
Incentivos fiscales y cobertura social
La ley contempla esquemas de incentivos fiscales y exenciones para concesionarios que brinden servicios en comunidades de difícil acceso. También facilita la entrada de pequeños operadores con tarifas reducidas y acceso a nuevas tecnologías, como redes inteligentes y plataformas de gran altitud.
Participación estatal en la conectividad
Uno de los pilares del nuevo modelo será el fortalecimiento de la infraestructura digital pública. Se reconoce la participación activa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como actor clave para cerrar la brecha digital, mediante su empresa dedicada a proveer internet y servicios de telecomunicación.
Con esta aprobación, el país da un paso hacia un modelo de comunicación más centralizado, pero con promesas de inclusión, cobertura y derechos digitales fortalecidos. No obstante, las críticas sobre posibles mecanismos de control y censura mantienen encendido el debate sobre sus implicaciones democráticas.
