Usuarios de la ruta 131 acusan abusos y presuntas extorsiones de la Secretaría de Movilidad y Transporte
Usuarios y socios de la ruta 131 del transporte público denunciaron presuntos abusos, presiones y actos de corrupción cometidos por funcionarios de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), luego del aseguramiento de al menos siete unidades que operaban de manera regular en la capital chiapaneca.
Los afectados señalan directamente a Hugo Enrique Garay Ramírez, coordinador de Oficinas de Enlace, y Fabián Orantes Abadía, de la Oficina de Enlace Tuxtla Gutiérrez, de encabezar operativos para detener unidades y exigir cuotas económicas a cambio de permitirles continuar prestando el servicio.
De acuerdo con los socios, desde hace ocho años operan la ruta con vehículos propios. Sin embargo, a raíz de un conflicto interno con el expresidente de la organización, Roberto García Bravo, las autoridades habrían comenzado a actuar en su contra.
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“Como ya no se le paga nada, ahora con apoyo de Coordinación de Transporte están deteniendo nuestras unidades. Van siete aseguradas y no nos dejan trabajar”, señalan los inconformes.
Las detenciones han provocado una reducción drástica en el servicio, generando saturación, largas esperas e inconformidad generalizada entre los usuarios, quienes dependen cotidianamente de esta ruta para trasladarse a centros de trabajo, estudio y atención.
Los manifestantes advirtieron que la dependencia no ha ofrecido ninguna alternativa para garantizar la movilidad de la población, pese a la demanda evidente en la zona. Aseguran que la operación repentina contra la ruta 131 responde a intereses particulares y no a razones técnicas ni de seguridad vial.
Las y los usuarios denunciaron públicamente la falta de supervisión interna en la Secretaría, así como la ausencia de mecanismos transparentes para regular el transporte público.
La ruta 131 brinda servicio a habitantes de las colonias Kilómetro 4, El Aguaje, Santa Cruz, Linda Vista Shanka, Potinaspak, Casa de Gobierno, Parque de la Marimba y Plan de Ayala, entre otras.
Los afectados exigieron al Gobierno del Estado:
• frenar los aseguramientos que consideran arbitrarios,
• investigar a los funcionarios señalados,
• garantizar transparencia en los procesos administrativos,
• y evitar que intereses privados afecten la movilidad ciudadana.
Advirtieron que, de continuar estas acciones, radicalizarán sus manifestaciones y acudirán a instancias de derechos humanos para denunciar la situación.
Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Movilidad y Transporte no ha emitido postura oficial al respecto.
